La Defensora liberacionista producto de una elección con chanchullo

Pírrica elección parlamentaria de doña Ofelia Taitelbaum Yoselewicz. Sectores sociales marcarán enorme distancia de una defensoría partidista.

Por Unidad de Formación, Información y Comunicación UFIC-ANEP

Los votos diputadiles oficialistas, más los votos tránsfugas de carácter oportunista, han determinado que la legisladora Ofelia Taitelbaum Yoselewicz sea la nueva Defensora de los Habitantes de la República; en realidad, más bien, la Defensora liberacionista. Una designación que excluye y que aleja, indiscutiblemente. Quedará siempre registrado en la memoria popular y en la memoria de los sectores políticos decentes, el desarrollo de una elección con chanchullo, por un lado; y, por otro, que las demás personas candidatas al otrora honroso puesto, sufrieron la tomadura de pelo de sus vidas. La institucionalidad republicana quedó lesionada. El episodio que representó esta elección certifica que las reglas del juego de la convivencia civilizada del Estado de Derecho establecido con la instauración de la Segunda República, continúan un proceso de perversión irreversible. Desde una perspectiva estrictamente sindical, nada bueno podemos esperar de tal nombramiento, si la indicada ciudadana fue, durante su gestión legislativa, ajena totalmente a las necesidades de los habitantes de condición trabajadora asalariada, en cuanto a que sus derechos constitucionales y humanos a la Libertad Sindical les fueran garantizados en el actual parlamento, pues ella estuvo en contra del proyecto de ley 13.475 que pretendía tal propósito. Auguramos que una buena cantidad de los sectores sociales organizados del movimiento popular, social y cívico costarricense, de ahora en adelante, nada tendrán que ir a hacer a la Defensoría de los Habitantes de la República. La confianza y la credibilidad en la misma se han erosionado profundamente, luego de esta amañada elección. San José, miércoles 15 de diciembre de2009. Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP Central Social Juanito Mora Porras CSJMP

Modernización del MInisterio de Salud: ANEP pide informes a la auditoría

Modernización del MInisterio de Salud: ANEP pide informes a la auditoría

Nuevo El proceso de "modernización" y la legalidad de las contrataciones, es información transcendental para que exista transparencia sobre lo que viene gestionando la administración institucional.

Por Unidad de Formación, Información y Comunicación UFIC-ANEP

San José, 17 de diciembre de 2009. S.G. 07-09-0316-09 ¡URGENTE! Señora MSc. Bernardita Irola Bonilla Ministerio de Salud Su despacho Estimada señora: En primer término, reciba usted el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte. Con base en el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, solicitamos a su digna autoridad que nos suministre copia de dos informes que, de manera reciente, el despacho a su digno cargo ha emitido con relación a dos aspectos de gran trascendencia para la transparencia de la gestión institucional actualmente en desarrollo; información que hemos obtenido de la propia Contraloría General de la República (CGR), desde la cual se nos remitió a esa auditoría: Un informe sobre legalidad de contrataciones para diversos procesos institucionales. Un informe sobre el proceso de modernización del Ministerio de Salud. Quedamos a sus gratas órdenes para que nos indique cómo tener acceso a los mismos, en el menor tiempo posible, poniendo a su disposición los números celulares 8839 7171 y 8357 4264. Albino Vargas Barrantes Secretario General Guillermo Murillo Castillo Responsable ANEP-Ministerio de Salud Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) c.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República. c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP. c.: Archivo.

Albino Vargas sobre reforma a la Ley de Fodesaf: “ME HUELE A TUFILLO POLITICO”

“ME HUELE A TUFILLO POLITICO”

Alberto Salom, jefe de fracción del PAC, reconoció que con la reforma a la Ley de Fodesaf debe brindárseles ayuda humanitaria a los extranjeros en estado de pobreza, legalmente establecidos en Costa Rica desde hace muchos años. (Foto ilustrativa)

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dijo que le “huele a tufillo político” la reforma al artículo 2 que la Asamblea Legislativa aprobó a la Ley del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), que permitirá a todos aquellos extranjeros residentes legalmente en el país recibir ayuda en salud, alimentación, educación y otros, poniendo en peligro las finanzas del Estado.

Esta información fue dada a conocer por Extranoticias 42 la semana pasada.

“A mí me parece que esa reforma tiene un ‘tufillo electoral’ porque nosotros sabemos que a los pobres se les utiliza para ganar elecciones y quizás alguien esté pensando que las cercanas elecciones se vayan a ganar con los votos de hijos e hijas de extranjeros nacidos en esta patria”, remarcó el líder sindicalista.

Vargas manifestó que ANEP pediría una revisión desde el punto de vista de la reglamentación, los alcances de la ley y sobre todo la prioridad a los costarricenses en estado de necesidad.

Explicó que se debe analizar con cuidado esa reforma, establecer reglamentaciones rigurosas para impedir toda clase de abusos porque pareciera una reforma altamente riesgosa para la estabilidad de las instituciones sociales que atienden la pobreza, en un momento que tenemos casi 1 millón de personas pobres y 600 mil trabajadores que ganan por debajo del mínimo.

“Nosotros no tenemos ni una pizca de xenofobia. Además los costarricenses creemos en el humanismo cristiano y estamos identificados con la gente pobre de este país y del mundo”, subrayó Vargas.

EXTRANJEROS ILEGALES NO PODRÁN RECIBIR AYUDA

Para Alberto Salom, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), la reforma al artículo 2 de la Ley de Fodesaf tiene relación directa con la Ley de Migración y Extranjería, la cual ya fue aprobada, sin embargo aún no ha sido firmada por el presidente Óscar Arias, lo cual es preocupante.

“Efectivamente los extranjeros residentes que trabajen en el país y califiquen de acuerdo con los estudios deben hacerse acreedores de las ayudas. Los ilegales no podrán recibir ningún tipo de ayuda”, aseguró Salom.

Para el líder rojiamarillo si hay personas que vienen a trabajar a este país y están haciendo su contribución, al igual que los demás costarricenses, tienen derecho a recibir las atenciones debidas.

“Yo creo que si en Costa Rica los recursos fueran bien administrados y si la cúpula millonaria más alta de este país pagara los impuestos que le corresponden y tuviera la carga tributaria que le corresponde, no habría problema ni para los ticos, ni para los extranjeros residentes.

Otro sería pretender que el país les abra las puertas a extranjeros que vengan a trabajar pero hacerse el loco respecto a todas las necesidades sociales”, indicó.

Salom manifestó que Costa Rica se ha formado de olas migratorias y es casi un hecho que todos los costarricenses tenemos antepasados que vinieron a trabajar honestamente y ahora reciben los beneficios que contribuyeron a formar.

Aclaró que las ayudas que brindan las entidades sociales a los costarricenses deben continuar. “Nosotros creemos en el PAC que en muchas ocasiones las ayudas no se canalizan desde el punto de vista de estudios técnicos sino por clientelismo político”, aseguró.

IMAS NO QUEBRARÁ

José Antonio Li, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), aseguró que pese a la reforma a la Ley de Fodesaf, la entidad que preside no quebrará y seguirá ayudando a las familias pobres de nuestro país.

“El IMAS tiene cuatro fuentes de ingresos y maneja un presupuesto de ¢115 mil millones, y lo que le va a entrar de Fodesaf son alrededor de ¢13 mil millones.

Con los recursos de Fodesaf el IMAS, antes de esta ley, no podía ayudar a ninguna familia extranjera, sin embargo el IMAS lo venía haciendo con otros dineros (ingresos de las tiendas libres del Aeropuerto Juan Santamaría) o con recursos del Ministerio de Hacienda”, explicó.

Reconoció que se les ha ayudado a las familias extranjeras residentes en el país, legalmente establecidas, y también a sus hijos nacidos en Costa Rica, respetando los convenios internacionales a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia.

“En la ley existe un transitorio que establece que el IMAS no va a recibir menos de lo que está recibiendo, la ley rige a partir del año 2010. La repartición de los recursos se hará a inicios del año entrante”, indicó.

APSE dona computadoras a colegios

Como parte de su política de responsabilidad social, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza donó, recientemente, computadoras a cuatro colegios de zonas alejadas del país. La entrega estuvo a cargo del secretario general, Carlos Hernández.
CTP de la Fortuna de Bagaces	Colegio Nocturno de La Cruz, Guanacaste
Telesecundaria de Juntas de Caoba	Telesecundaria Las Nubes de Los Chiles

Carta al Ministro de Educación sobre los fundamentos de la huelga del 20 de octubre

San José, 21 de octubre del 2009

Msc Leonardo Garnier Rímolo
Ministro de Educación Pública
Presente

Estimado señor:

En mi condición de Presidenta de APSE y en nombre de los 22 mil agremiados y agremiadas de educación secundaria, que conforman la organización que represento, me dirijo a Usted, con el fin de exponerle las razones que fundamentan el movimiento de huelga, programado para el día 20 de octubre del año  en curso. Dichas acciones fueron debidamente acordadas, el día 10 de octubre del año en curso, en el seno de la Asamblea de Presidentes de Base, la cual es el órgano consultivo de la APSE para la toma de decisiones en concordancia con los criterios de las bases y que está constituida por cada uno de los presidentes de las Directivas de Base que funcionan en cada centro educativo de secundaria del país. Me fundamento así:

1.-INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DE

SALARIOS DEL SECTOR PÚBLICO

Ha resultado público y notorio que el Ministerio de Educación Pública ha incumplido por problemas ajenos a los trabajadores, con el Acuerdo de la Comisión de Salarios del Sector Público, de las 17:00 horas del día 17 de junio del 2009, suscrito entre el Gobierno de la República, representado por el Ministro de Hacienda, señor Guillermo Zúñiga Chaves, Viceministro de Hacienda, señor José Luis Araya Alpízar, Ministro de Trabajo, señor Francisco Morales Hernández, Viceministro de Trabajo, señor Alvaro González Alfaro, el Director General de Servicio Civil, señor José Joaquín Arguedas Herrera; y los representantes de las Organizaciones Sindicales y Organizaciones Magisteriales.

Veamos puntualmente los aspectos incumplidos:

1.- En el punto primero del referido acuerdo, ambas partes acuerdan aceptar el reajuste salarial por reestructuración para las clases no profesionales del Título I, presentado por la Dirección General de Servicio Civil, que debería regir a partir del 01 de julio de este año, “PAGADERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2009”

2.- En el punto segundo adicionalmente quedó plasmada la obligación del Gobierno de la República de proceder al pago de: “Un reajuste extraordinario del 4.88% a la base para las clases no profesionales del Título I y del Título II del Estatuto de Servicio Civil y de las instituciones homologadas al Régimen de Servicio Civil, pagadero en dos tractos: un 2.44% a partir de julio del 2009 y PAGADERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2009 y un 2.44% a partir del 01 de enero del 2010, pagadero en la segunda quincena de enero del 2010.” (El énfasis es nuestro)

No obstante el compromiso asumido por el Gobierno de la República, en el cronograma de pagos que usted mismo señor Ministro indica que fue entregado al Magisterio en Acción desde el 22 de setiembre del año en curso, no solo  incumple el Acuerdo suscrito, sino que se nos informa que el pago del 2.44% para los no profesionales, se había efectuado al 20 % de la planilla en la primera quincena de setiembre y que en la segunda quincena de setiembre se pagaría al 80% restante. Es evidente señor ministro, que no es cierto que el cronograma de pagos se esté“cumpliendo al pie de la letra”, ya que tal y como usted mismo lo puede verificar con el señor Alberto Orozco, Director de Recursos Humanos del M.E.P, el pago del 2.44% para los no profesionales, no se hizo efectivo en las indicadas fechas, sino que según las propias palabras externadas por don Alberto Orozco, no fue sino hasta la primera quincena de octubre que se pagó al 20% de la planilla y el 80 % restante se pagará tal y como usted lo indica en la Conferencia de prensa por usted convocada el día 19 de octubre en curso, hasta la segunda quincena de octubre de este año.

Queda así plenamente demostrado, que el M.E.P no solo ha incumplido con el Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República y las Organizaciones gremiales y sindicales, sino que también ha incumplido con el propio cronograma de pagos entregado por su persona al Magisterio en Acción el día 22 de setiembre de este año.

3- En relación con el aumento correspondiente al percentil 45, se estableció en el punto tercero del Acuerdo, que el Gobierno de la República “reitera su compromiso de honrar el pago del percentil 45 a los profesionales del Gobierno Central a partir de julio del 2009 tal y como se había acordado.”

Lamentablemente con respecto al pago de este aumento, el Ministerio de Educación Pública, una vez más incumple su propio cronograma de pago, toda vez que en tan alardeado cronograma que nos fue entregado el día 22 de setiembre de este año, se nos indicó que: en la primera quincena de setiembre se había pagado al 20 % de la planilla y que en la segunda quincena de setiembre se pagaría el percentil 45 al 80 % de la planilla restante.

Sin embargo, señor Ministro, qué fue lo que realmente sucedió, que no se cumplió con dicho cronograma, lo cual tuvo que ser reconocido públicamente a través de los medios de prensa, por el propio señor Alberto Orozco, Director de Recursos Humanos del M.E.P, procediendo a indicar que había surgido un problema técnico en la ejecución del disco que contenía los registros de pago, razón por la cual se estaría pagando hasta la primera quincena de octubre.

Ante estos graves y reiterados incumplimientos por parte del M.E.P, en los que incluso se expone y se juega con el compromiso asumido por jerarcas de otros Ministerios, los cuales confían en la ejecución oportuna de los acuerdos suscritos, al Ministerio de Educación Pública; se impone la urgente necesidad de que en su condición de jerarca, tome las medidas necesarias a fin de garantizar a los servidores y servidoras de la educación del país, de una vez por todas, su salario mensual en forma  puntual y completa, así como todos los aumentos y reajustes salariales que se decreten a favor de éstos, en las fechas fijadas y pactadas por las partes en la mesa de negociación, máxime si tomamos en consideración que a todos los Profesionales del Gobierno Central regulados por el Título I del Estatuto de Servicio Civil y a los no Profesionales que laboran para otros Ministerios, se les canceló el reajuste salarial correspondiente desde el mes de agosto de este año.

2.- INCOMPATIBILIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS (SIGRH) CON INTEGRA

Es públicamente reconocido que el Ministerio de Educación Pública, es el único Ministerio que permanentemente incumple con el pago puntual y oportuno a sus trabajadores y trabajadoras. También es sabido que esto obedece a la incompatibilidad existente entre el Sistema de Información Gerencial de Recursos Humanos (SIGRH) con INTEGRA, sistema del Ministerio de Hacienda mediante el cual se paga a todos los funcionarios del Gobierno Central.

En relación con este tema y según se consigna en el Oficio DM-3637-07-09 de fecha 3 de julio del 2009, dirigido por su persona al señor Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en respuesta a la denuncia interpuesta contra el Gobierno de Costa Rica ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza; se establece que el proceso denominado MEP Digital mediante el cual se definirán todos los procesos que se llevan a cabo en materia de gestión de recursos humanos y mediante el cual se desarrollará un Modelo Operacional -dividido en los subprogramas de Planillas y Pagos y Gestión del Recurso Humano-, que permitirá al M.E.P, mediante una solución tecnológica, conectarse al Sistema INTEGRA del Ministerio de Hacienda para superar, de manera definitiva los problemas de pago salarial a los docentes y demás funcionarios del M.E.P, entrará en completa operación “Para el inicio del curso lectivo del 2011”.

Al respecto debemos manifestar que resulta a todas luces inexplicable el hecho de que desde el año 2008 o antes se haya puesto en marcha la implementación del Programa MEP Digital y que ahora se informe que el Programa no está plenamente terminado sino que a estas alturas se habla de un programa que se ejecutará como “plan piloto”, tal y como fue externado de su parte en el documento anteriormente indicado en los siguientes términos: “Precisamente, el primer subprograma se estará implementado como plan piloto, debidamente incorporado ya al sistema de pagos INTEGRA del Ministerio de Hacienda, durante el inicio curso lectivo de 2010, en tanto que el segundo subprograma se desarrollará a lo largo de ese mismo año. En conclusión, se puede asegurar que el MEP Digital estará en completa operación para el inicio del curso lectivo 2011, dando solución definitiva a los problemas planteados por la APSE en su demanda ante la OIT.”

3.- DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS POR SECCIÓN

En aras de mejorar la calidad de la educación, el Ministerio de Educación Pública asumió el compromiso plasmado en el punto sétimo del Acuerdo de levantamiento de Huelga, suscrito el día 25 de abril del 2008, entre el EMP. y las organizaciones Magisteriales en huelga, de que “para el primero de octubre del 2008” establecería “los criterios y condiciones aplicables para definir los rangos del número de estudiantes por grupo en el área académica de los centros educativos, permitiendo establecer un límite de 25 estudiantes en casos que así lo ameriten, atendiendo aspectos como la matrícula, la ubicación geográfica, las dimensiones del aula, las necesidades educativas especiales y otras, a fin de que entre en vigencia a partir del curso lectivo del año 2009.”

Al respecto señor Ministro, resulta evidente que no se ha cumplido con tal compromiso, ya que la Directriz DM-6882-11-08, de fecha 28 de noviembre del 2008, suscrita por su persona y dirigida a la señora Aura Padilla  Meléndez, Directora de Planificación Institucional y al señor Fernando Bogantes Cruz, Director de Recursos Humanos, dista mucho de la definición de los  rangos de matrícula requeridos. Lo anterior por cuanto establecer el criterio de que: “a) El número de estudiantes por nivel deber ser distribuido en las distintas secciones de forma tal que la cantidad de estudiante por sección NO sea inferior a 25 estudiantes ni mayor a 40 en I, II III Ciclo y en Educación Diversificada”, y que “b) La definición del número de estudiantes por sección -y consecuentemente el número de secciones- debe realizarse tomando en cuenta las siguientes variables…”; resulta ser el establecimiento de criterios y parámetros de carácter general, que no tienen la virtud de poder implementarse en forma puntual y concreta, con el agravante que son los Directores Institucionales los que a la postre vienen a interpretar esos parámetros generales, generándose una incertidumbre y falta de uniformidad en su aplicación.

Aunado a lo anterior, resulta lamentable que se haya obviado una definición clara con respecto a los rangos de matrícula por sección en casos de atención de estudiantes con necesidades educativas especiales, toda vez que el haberse dispuesto que “e) En el caso de educación especial, los rangos establecidos no sufren cambios, ya que los mismos dependen del tipo de discapacidad que se atienda. Sin embargo se debe conformar una comisión interdepartamental que proponga los parámetros por seguir para la división de los grupos, en los casos en que se deban atender adecuaciones significativas a uno o más estudiantes.”

Tenemos entonces pendiente los resultados de la indicada COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL, que según hemos tenido conocimiento, la misma efectivamente se reunió en el Centro Nacional de Recursos (CENAREC), con integración interdisciplinaria, pero que su propuesta no ha sido avalada ni mucho menos implementada por su Despacho.

4.- OTRAS DEMANDAS

Demandamos:

a.- El acceso al sistema que permita para todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, el tener a su disposición las Acciones de Personal y los desgloses de pago en forma quincenal.

b.- La agilización de los trámites a cargo del Departamento de Registros Laborales, tales como: Carrera Profesional, Constancias de Tiempo de Servicio para efectos de pensión, Reconocimiento de anualidades y Cambio de Categoría o Grupo Profesional, entre otros.

Es precisamente señor Ministro, con ocasión de la grave situación que ha venido enfrentando el Departamento de Registros Laborales del M.E.P., al no tener la capacidad de respuesta y resolución oportuna de los trámites que presentan los servidores y servidoras de la educación; que por iniciativa de la propia APSE, se le propone a su persona y a la señora Silvia Víquez Ramírez, Viceministra Administrativa, una reunión conjunta con personeros de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, a fin de contar con el apoyo de esa Junta, mediante la dotación de personal que colaborara con la actualización y resolución de los trámites atrasados.

Atentamente,
Mélida Cedeño Castro
PRESIDENTA APSE

Aguinaldos, programas sociales y pensiones se defenderán en las calles

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)

CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP)

Comunicado de Prensa

Manifiesto Público:

20 observaciones sobre la “crisis fiscal”

ante el anuncio de la señora Ministra de Hacienda

·    Inminencia de colapso fiscal:

·       Aguinaldos, programas sociales

y pensiones se defenderán en las calles

·     Presidente Arias único responsable:

“renunció” a impulsar reforma tributaria

·       80 % de los ingresos lo tiene el 16 % de la población

·        Formulamos convocatoria pública a acción gremial y laboral unitaria

1- Sin duda alguna, la clase trabajadora asalariada del sector Público se lanzará a las calles para defender su aguinaldo. En la misma línea se actuará para defender el presupuesto de los programas sociales destinados a la población más pobre de nuestro país. Las personas pensionadas cuyo ingreso depende del Estado, en tal condición, harán exactamente lo mismo: en la calle defenderán sus derechos.

2- La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), formula un llamado unitario de emergencia, a todos los gremios, sindicatos y entidades laborales de los distintos sectores institucionales de la administración central del Estado y de sus entes adscritos a la misma, para que nos alistemos a las convocatorias de calle necesarias y enfrentemos, decida y contundentemente, de manera unitaria, mayores perjuicios, sufrimientos y congojas para quienes nada debemos con relación a la tan traída y llevada crisis.

3- Rechazamos, tajantemente, que los efectos de la crisis sean pagados por la clase trabajadora asalariada con empleo formal; que sean pagados por la clase trabajadora del mercado informal; que sean pagados por las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Ninguno de estos sectores es responsable del desastre fiscal que vaticina la señora Ministra de Hacienda, doña Jenny Phillips.

4- Por el contrario, se impone, es urgente, no puede postergarse, la imperiosa necesidad de una reforma tributaria estructural por el lado de la renta y que afecte, únicamente a las grandes fortunas, los abultados capitales, la concentración de la riqueza.

5- Es completamente inmoral, antiético, atentatorio de todos los valores sublimes del humanismo cristiano y de la justicia social, que (datos del Estado de la Nación),  el 16 % de la población acapare el 80 % del ingreso nacional. Aquí reside la verdadera esencia de la crisis de ingresos fiscales que ya nos anunció la distinguida señora Ministra de Hacienda.

6- Existe un criterio muy fuerte, compartido desde varias visiones sociopolíticas y filosóficas, de que Costa Rica debe aumentar su carga tributaria entre un 2 y un 3 % con relación al Producto Interno Bruto (PIB), si queremos, como país, en verdad y con sentido estratégico, atacar de raíz la pobreza y propiciar condiciones para una recuperación de las sendas de la equidad en combate abierto contra el crecimiento de la desigualdad.

7- Nosotros insistimos en que ese aumento de carga tributaria debe ser por el lado de los grandes capitales acumulados bajo el alero de las políticas macroeconómicas y financieras de sesgo neoliberal, imperantes en los últimos cinco gobiernos.

8- Responsabilizamos desde ya y de manera directa, al señor Presidente de la República, don Oscar Arias Sánchez, de todas las consecuencias derivadas de esta fuerte crisis en las finanzas públicas.

9- A cambio de que se diera la aprobación del TLC con Estados Unidos, él se comprometió a propiciar la necesaria reforma tributaria que ello implicaba, absolutamente imprescindible por el impacto negativo en la recaudación arancelaria de ese tipo de TLC. Aprobado lo primero, “renunció” a lo segundo y hoy, su propia Ministra de Hacienda, nos indica las graves consecuencias en las finanzas públicas de esa “renuncia”.

10- Lo más grave del asunto es que la persona sucesora que don Oscar quiere dejar en el cargo presidencial, la señora doña Laura Chinchilla Miranda, ya anunció que la reforma fiscal no será prioridad en su eventual gobierno.

11- Así se lo prometió a uno de los poquísimos grupos ganadores (quizás, el principal), de las políticas neoliberales de los últimos años: la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras. Es más, se comprometió a dejar al señor Francisco de Paula Gutiérrez, en la presidencia del Banco Central de Costa Rica. Como sabemos, este ciudadano es uno de los principales ideólogos neoliberales, actor directo del proceso de concentración de la riqueza que sufrimos y que amenaza a la democracia costarricense.

12- En este escenario de cataclismo fiscal, según nos lo da a entender la señora Ministra de Hacienda, muestra toda su inmoralidad la aberrante “mordida” ofrecida al personal de JAPDEVA, a cambio de que acepten la privatización de los muelles de Limón y de Moín. La escandalosa pretensión de repartir casi 80 mil millones de colones entre 1.300 personas trabajadoras, merece la más contundente condena política y social.

13- Por tanto, es más que necesario un replanteamiento estratégico para propiciar un cambio de correlación de fuerzas a favor de los intereses de los sectores sociales, populares y medios, los grandes perdedores de un modelo de desarrollo excluyente, concentrador de riqueza y corrupto.

14- Nos encontramos en un urgente período de análisis con relación a las propuestas del Gobierno de la República para enfrentar, superficialmente, este grave problema, según nuestra perspectiva.

15- Nos referimos, por una parte, al préstamo por 500 millones de dólares que se pretende convenir con el Banco Mundial (expediente legislativo No. 17.452), para cubrir faltantes temporales de liquidez presupuestaria; y, por ende, la conveniencia o no, de que se financie gasto corriente con endeudamiento. En próximos días emitiremos nuestra posición oficial al respecto.

16- También, hemos venido analizando la iniciativa del Gobierno para gravar con un impuesto del 2 %, los ingresos totales de la actividad de los casinos, las apuestas electrónicas y las salas de juegos, con las excepciones de rigor por los fines sociales y benéficos de cierto tipo de estas actividades.

17- Por otra parte, será necesario establecer cuánto de la caída en los ingresos fiscales obedece a la implementación del TLC con los Estados Unidos, pues bien se alertó muchísimo desde el Movimiento Patriótico del NO al TLC que ello ocurriría con las reducciones arancelarias, muchas de ellas descomunales, establecidas en ese tratado impuesto al pueblo.

18- Finalmente, destacamos que sí existen opciones para enfrentar la crisis, sin castigar al pueblo trabajador en sus diversas categorías, sin castigar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

19- La propuesta de diversos sectores sociales sumamente representativos,“Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, permite abrir espacios de diálogo social para encontrar salidas compartidas. Lastimosamente, el actual y ya saliente Gobierno, trató con desdén y con prepotencia nuestros llamados en tal sentido.

20- Como indicamos al principio, el escenario de la calle parece que emergerá de nuevo y en época electoral.

San José, sábado 19 de setiembre de 2009.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Presidente CSJMP

SINTRAJAP celebra voto de la Sala Constitucional

La Sala Constitucional rechazó de plano un recurso de amparo, presentado por un grupo adepto al Gobierno, que pretendía convocar a una Asamblea General de Trabajadores del Sindicato SINTRAJAP, sin estar afiliados a la organización.

El Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP), expresó su complacencia por el voto N° 09-013246 de la Sala Constitucional con el que se rechazó de plano el recurso de amparo.

Con este voto rechazado “ad portas”, se demuestra que no es cierto que SINTRAJAP haya violado los derechos de los trabajadores afiliados al sindicato, como insiste en decir el gobierno y el autodenominado “grupo mediador”, integrado por funcionarios de la entidad estatal.

La organización dijo que “con el fallo se confirma lo que SINTRAJAP ha venido denunciando: que detrás de todas esas acciones en contra del sindicato quién realmente está es el gobierno y no los trabajadores”.

“Llama la atención que el jueves 27 de agosto el gobierno, en la persona de Francisco Jiménez Presidente Ejecutivo de JAPDEVA, declara en un diario de circulación nacional que se sorprende del fallo de la Sala porque en el recurso presentado podrían haber errores de forma pero no de fondo, ya que es un “claro recurso de amparo sobre violaciones a los derechos de los trabajadores contemplados en la convención y a su derecho a tomar decisiones”.

Además, declaró que los trabajadores tienen que “decidir si recurren a otra instancia judicial” y que no descarta “pedirle una aclaración a la Sala”.

“Ante esto preguntamos ¿El recurso lo presentó algún trabajador que cree que se violan sus derechos o lo presentó el gobierno de la República?”, advirtió SINTRAJAP.

“El grupo que presentó el recurso es un engendro de la Casa Presidencial en el que están involucrados funcionarios de JAPDEVA que no fueron electos por ningún trabajador. Siguiendo instrucciones de gobierno recolectaron firmas con la pretensión de obligar a SINTRAJAP a que convocara a una asamblea de afiliados para que se pronunciara sobre la concesión de los puertos del Caribe”, explicó el Sindicato.

Sin embargo, denunció que “las hojas en que fueron recogidas las rúbricas presentan muchas anomalías: personas que no son afiliadas al sindicato, firmas falsas o que no coinciden con los nombres de las personas, hojas sin firmas y la deficiencia de fondo más importante es que las firmas se presentaron únicamente para apoyo de gestión al grupo mediador”.

“Es decir no había ninguna solicitud concreta que SINTRAJAP tuviera que resolver. En vista de ello, la Junta Directiva de SINTRAJAP recibió las firmas y contestó a los firmantes el acuse de recibo y el detalle de las anomalías”, precisó.

El sindicato aclaró que por consideración a un grupo de trabajadores que sí quieren una asamblea, se decidió convocar a asamblea extraordinaria de trabajadores para el próximo 9 de octubre.

“Se trata de la quinta asamblea en que los trabajadores de JAPDEVA se pronunciarían sobre el futuro de los puertos. En las asambleas precedentes lo han hecho en contra de la concesión que promueve el gobierno”, aseguró SINTRAJAP.

En Limón, el Gobierno de la República pretende entregar sumas millonarias a los trabajadores de JAPDEVA para que apoyen la privatización de los puertos estatales, que serían adjudicados a una empresa transnacional.