PRIVATIZACIONES

La lucha contra la privatización de Puerto Caldera

Susan Quirós Díaz * A propósito del interés del gobierno de los Arias en privatizar los muelles de Limón, aquí una breve reseña histórica de los acontecido con los de el pacífico costarricense. ¿Lección Aprendida?

En el año 2001, el Gobierno del Ex Presidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, pactó con el Sindicato de Trabajadores Marítimos, Ferroviarios y de Muelles y con la Unión Portuaria y Ferroviaria Nacional, la entrega de la administración y operación de Puerto Caldera a manos privadas, a cambio de cancelar a cada una de las personas trabajadoras una indemnización en dólares además de sus prestaciones legales. Desde que ese vergonzoso pacto tuvo lugar, nuestra organización sindical se opuso a ello de manera vehemente, sosteniendo que una institución pública no es propiedad de quienes laboran en ella, sino patrimonio de los y las costarricenses. Además, de que la concesión de Puerto Caldera, una de las pocas fuentes de empleo de la Provincia Puntarenense, traería mayor desempleo, pobreza, y exclusión social a los porteños. En razón de nuestra férrea y decidida oposición a ese negocio, un grupo de trabajadores del INCOP, que se retiraron de los otros sindicatos de la empresa por no compartir lo negociado por ésta con el gobierno, se acercaron a la ANEP, se incorporaron de lleno a realizar trabajo sindical con nosotros y conformaron la Seccional ANEP-INCOP, una de las más combativas en la historia reciente del sindicato. Desde un principio, esta seccional, respaldada con análisis y posiciones elaboradas en conjunto con la asesoría política y jurídica de la organización, se opuso de manera valiente y decidida, a la entrega del INCOP a manos privadas, denunciando un día si y otro también, todas las irregularidades e ilegalidades que se cometieron en el proceso de concesión. Eso les costó una sistemática persecución hasta el momento en que fueron liquidados. Nunca se reconoció a la ANEP como organización representativa de los trabajadores y trabajadoras del INCOP, a pesar de que cada día contábamos con más afiliados y afiliadas. A nuestros dirigentes se les mantuvo sin realizar funciones, aislados, discriminados; y a algunos, hasta se les aplicó despidos antisindicales que fueron declarados ilegales posteriormente por los tribunales de justicia. El proceso previo a la concesión, implicó un debilitamiento en infraestructura, material de trabajo y recurso humano de la institución, precisamente para hacerla cada vez más ineficiente y así justificar su entrega a manos privadas. Incluso la Contraloría General de la República, en alguna ocasión, al realizar la evaluación presupuestaria, reprendió al INCOP por terminar el año con superávit. Esta situación tuvo un evidente impacto en las condiciones de trabajo de las personas: accidentes laborales en los que incluso fallecieron trabajadores, contratación cada vez más precaria, no se contrataba personal fijo, sino que cada vez más se ampliaba la lista de trabajadores a los que las autoridades institucionales denominaban de manera despectiva “de la calle” o “come cuando hay”, a quienes se les negaba su derecho fundamental a recibir un salario mínimo que les permitiera vivir dignamente. ANEP, puede enorgullecerse de haber reivindicado los derechos de ese grupo tan importante de trabajadores que se dedicaban a la carga y descarga del muelle. Fue gracias a las gestiones judiciales realizadas por nuestra Unidad Jurídica, que la Sala Segunda reconoció el derecho fundamental de estas personas a recibir salario mínimo y obligó al INCOP a respetarlo y a cancelar la deuda contraída en virtud de la violación aludida. Las sentencias obtenidas no solo resolvieron el problema a las personas afectadas, sino que constituyen valiosa jurisprudencia laboral. Es así como ANEP, combinó la lucha por preservar el patrimonio nacional, para que una institución pública como el INCOP, continuara siendo instrumento de distribución de riqueza y bienestar para los puntarenenses; con la lucha gremial, defendiendo y promoviendo el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras. Este último aspecto, nos permitió contar con base social para legitimarnos como interlocutores en el proceso de incidencia política para luchar contra la privatización. Al final de cuentas, pudo más el poder político y económico que la dignidad de quienes defendemos un modelo de sociedad más justa, equitativa e incluyente. El 11 de agosto de 2006 se consolidó uno de los más vergonzosos negocios de los políticos empresarios que nos gobiernan, comparable solo con ALTERRA, RITEVE o el TLC. A nuestra organización sindical le queda la satisfacción del deber cumplido, de que nunca, a pesar de la soledad en la que nos mantuvimos en esa lucha, callamos una sola de las irregularidades e ilegalidades que se cometieron. Nuestros dirigentes en el INCOP pueden caminar con la frente en alto y dar la cara a todos aquellos que alguna vez se dejaron engañar con el cuento de los dólares. El tiempo cada vez más, nos va dando la razón. Puntarenas ya no es lo que era antes de entregar la operación y administración de nuestro Puerto Caldera a manos privadas. Hay más desempleados, hay más trabajadores informales, hay más exclusión social. Pero un grupo muy pequeños de empresarios y políticos, han de haber incrementado sus fortunas a costa de ello. Cinco años de análisis, resistencia, propuesta, alegrías, tristezas, frustraciones, servirán de ejemplo e inspiración en muchos procesos que los y las costarricenses tendremos que afrontar en el futuro! * Unidad Jurídica de ANEP

Oferta de frijol orgánico solidario para 2009

La producción de frijoles orgánicos certificados, de primera calidad, están a disposición de la familia costarricense. Producción Solidaria para consumidores solidarios...hacia una nueva Costa Rica.

Por Unidad de Formación, Información y Comunicación UFIC-ANEP

Como parte de nuestro apoyo a la comunidad indígena Ngobe de Las Vegas, en la región de Conte Burica, frontera Sur, el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO) y Bioproductos Oro Verde estamos realizando una campaña para la colocación de su producción de fijol de fin de año 2008 y principio del 2009. Esta comunidad produce de manera tradicional (frijol tapado), al menos 30 familias indígenas tienen la disposición y capacidad de producir una cantidad significativa de frijol orgánico certificado y colocarlo a nivel del Valle Central y otras regiones, pero para ello necesitamos estimar junto con ellos y ellas, las cantidades que pueden ser vendidas. Les estamos invitando a participar de la campaña como clientes solidarios y solidarias, con la oportunidad de comprar un frijol de primera calidad a un precio muy razonable y con ello contribuir al desarrollo de la comunidad indígena y a su incorporación a los circuitos de un comercio justo y respetuoso. ¿Cómo poder participar? El frijol seco y limpio se ofrecerá a partir del mes de febrero del 2009, puesto en San José y otras regiones, en dos presentaciones: - Cubetas plásticas, con el equivalente a 20 bolsas de frijol orgánico de 900 grs. (más o menos lo que consume una familia en unos 4-5 meses). Este frijol vendrá curado con ajos, para evitar los gorgojos, tal y como lo hacían nuestros abuelos y abuelas, y de esta manera evitaremos tener que utilizar bolsas plásticas, porque los clientes podrán volver a utilizar su cubeta, que estará comprando con la compra del frijol. El precio de la cubeta vacía es de aproximadamente 800 colones, y el del frijol estará entre los 20.000 y los 25.000 colones. - Bolsas plásticas de 900 grs. Aunque no es la modalidad priorizada, también es una presentación que se estará ofreciendo. La forma de pago será de contado y en efectivo, al retirar el producto o por medio de depósito bancario, en una cuenta que se habilitará para este propósito. Si usted y su familia están interesados e interesadas, pues simplemente necesitamos que nos brinde algunos datos en la fórmula que se anexa abajo y nos mantengamos en contacto. A través de la dirección electrónica que aparece en la fórmula también podremos recibir dudas, sugerencias, nuevas ideas y toda la buena energía de parte de ustedes para que esta iniciativa tenga éxito. La información de la ficha es de suma importancia para poder planear junto con las familias indígenas la cantidad de frijol rojo y negro que deberá sembrarse a partir de octubre de este año. De esta manera las familias podrán sembrar con seguridad de acuerdo a los datos que este sondeo de mercado especial arroje. Con su información usted contribuye a incrementar la capacidad empresarial de las familias indígenas. Esperamos contar con sus oraciones y buenas intenciones para que el clima este año nos permita una buena cosecha. Muchas gracias. Jorge Ulate (jorgearturoulate@gmail.com) cel:83502844 El equipo MAOCO – Oro Verde

ANEP-IAFA: Propuesta para el fortalecimiento institucional

Nuevo Propuesta enviada por la Seccional de ANEP en el IAFA a la Dra. Guiselle Amador Muñoz, Directora General.

Por Unidad de Formación, Información y Comunicación UFIC-ANEP

San José Costa Rica, 20 de octubre de 2008. Dra. Guiselle Amador Muñoz Directora General Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Estimada Doctora: Reciba un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-IAFA. Primero que todo, reciba nuestra más sincera felicitación y reconocimiento a la gestión realizada a cargo de este instituto desde el año 2006, que indiscutiblemente ha conducido a un mejor posicionamiento y al fortalecimiento institucional. Una vez más, en tanto que organización laboral defensora de los derechos de las personas trabajadoras y de la democracia institucional de Costa Rica, recurrimos a su respetada autoridad para ofrecer ideas y propuestas de lo que pensamos, debe ser el norte para continuar por esa senda de fortalecimiento y crecimiento institucional. El IAFA desde mediados del siglo XX, se ha caracterizado por ser una institución de bienestar social, constructora de salud y vanguardia en América Latina en el abordaje de la problemática del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. A lo largo de más de 50 años, esta institución se ha constituido en un pilar fundamental en la formulación de respuestas a una problemática de salud que es quizás, una de las más compleja de atender: el alcoholismo y la adicción a otras las drogas. Mientras clínicas y hospitales públicos de nuestro país1 (y esto duele decirlo) han marginado y excluido a las personas que padecen de alcoholismo y adicción a otras drogas de su espectro de atención, el IAFA ha recibido a esas personas, a estos seres humanos sin pedirle siquiera la documentación mínima (cédula o documento de identidad) para ser atendidos con dedicación, esmero, trato cálido y compromiso. Esto se ha hecho no porque abunden los recursos financieros, sino porque realmente la actitud de las personas trabajadoras del IAFA, ha democratizado un servicio público fundamental para el desarrollo social de Costa Rica. Pero debemos preguntarnos: ¿Qué es una institución democrática? Una institución democrática no es aquella que brinda un servicio gratuito en sí, sino aquella que al brindarlo lo ha hecho accesible a la población nacional y al mismo tiempo, ha logrado conjuntar un sentimiento de agradecimiento y solidaridad en la población, a tal punto que, la gente asume a esta institución como suya, como propia. Hoy día es importante visualizar lo anterior, sobre todo en momentos en los que se promueve en otras instituciones públicas, procesos de “reestructuración”, “reorganizaciones” y “desarrollos organizacionales”, entre otros calificativos aparentemente técnicos. Cuando se promueve estos procesos, sobre todo por entidades o consultorías externas la institución en la cual se aplican, es común que jerarcas y políticos justifiquen estas acciones, con la promesa de que a futuro “esto va a permitir trabajar de una forma más ordena de gestión”. Consecuentemente, la pregunta que orienta estos procesos es siempre la misma: ¿qué se va a hacer y a quien le corresponderá ejecutarlo? Pero, en realidad lo que se debe preguntar es otra cosa: ¿Cómo queremos atender a la población que necesita de nuestros servicios, y en qué magnitud? Desde nuestro punto de vista, lo que debemos hacer es organizar los servicios que la institución brinda para democratizarla aún más, haciéndola más accesible a un número cada vez mayor de población. Pero con la actual Estructura y el Funcionamiento Organizativo que tiene el IAFA, así como con el enfoque de desarrollo institucional que ha predominado, es y será muy difícil pretender lo anterior. Por un lado, el Funcionamiento Organizativo es de corte Centralizado. El poder que se ha concentrado en el nivel central de la Institución, no le permite ampliarse, consolidarse, arraigarse y expandirse en los estos seres humanos sin pedirle siquiera la documentación mínima (cédula o documento de identidad) para ser atendidos con dedicación, esmero, trato cálido y compromiso. Esto se ha hecho no porque abunden los recursos financieros, sino porque realmente la actitud de las personas trabajadoras del IAFA, ha democratizado un servicio público fundamental para el desarrollo social de Costa Rica. Pero debemos preguntarnos: ¿Qué es una institución democrática? Una institución democrática no es aquella que brinda un servicio gratuito en sí, sino aquella que al brindarlo lo ha hecho accesible a la población nacional y al mismo tiempo, ha logrado conjuntar un sentimiento de agradecimiento y solidaridad en la población, a tal punto que, la gente asume a esta institución como suya, como propia. Hoy día es importante visualizar lo anterior, sobre todo en momentos en los que se promueve en otras instituciones públicas, procesos de “reestructuración”, “reorganizaciones” y “desarrollos organizacionales”, entre otros calificativos aparentemente técnicos. Cuando se promueve estos procesos, sobre todo por entidades o consultorías externas la institución en la cual se aplican, es común que jerarcas y políticos justifiquen estas acciones, con la promesa de que a futuro “esto va a permitir trabajar de una forma más ordena de gestión”. Consecuentemente, la pregunta que orienta estos procesos es siempre la misma: ¿qué se va a hacer y a quien le corresponderá ejecutarlo? Pero, en realidad lo que se debe preguntar es otra cosa: ¿Cómo queremos atender a la población que necesita de nuestros servicios, y en qué magnitud? Desde nuestro punto de vista, lo que debemos hacer es organizar los servicios que la institución brinda para democratizarla aún más, haciéndola más accesible a un número cada vez mayor de población. Pero con la actual Estructura y el Funcionamiento Organizativo que tiene el IAFA, así como con el enfoque de desarrollo institucional que ha predominado, es y será muy difícil pretender lo anterior. Por un lado, el Funcionamiento Organizativo es de corte Centralizado. El poder que se ha concentrado en el nivel central de la Institución, no le permite ampliarse, consolidarse, arraigarse y expandirse en los niveles locales del ámbito nacional. No le hemos asignado a las sedes regionales, el poder de gestión y administración de recursos que los mismos requieren para su fortalecimiento. El desarrollo de la institución, no se ha planifica desde las necesidades de la población. Se planifica desde las necesidades de la institución, o sea, se asignan plazas o recursos, a partir de las carencias que las unidades de trabajo tengan en sí mismas. Por lo anteriormente expuesto y basado en el compromiso que una organización como la que representamos ha asumido históricamente, tanto al interno del IAFA como fuera de esta, es que proponemos los siguientes puntos sobre los cuales trabajar por el fortalecimiento y democratización del IAFA: 1. Crecimiento institucional en el nivel Local. 2. Fortalecimiento de las Oficinas Locales. 3. Desconcentración de los servicios del IAFA

¿CUAL PAZ CON LA NATURALEZA?

Exigen renuncia de Ministro y Viceministro del MINAET

HOY ANTE MINAET Anuncian movilizaciones frente al Minaet por minería en Crucitas. Grupos ambientalistas anunciaron este miércoles la convocatoria a una concentración y conferencia de prensa "en la calle frente al Ministerio de la Vergüenza" dijeron en un comunicado de la Federación Ecologista.

Por Unidad de Formación, Información y Comunicación UFIC-ANEP

"Estamos indignados por la defensa de la minera destructora del ambiente que realizan los jerarcas que se suponen deben defender el ambiente" dijo Heidy Murillo, presidenta de la Federación. El grupo sancarleño UNOVIDA, quien preside la Federación Ecologista, fue el responsable de interponer un recurso de amparo que logró suspender la tala de miles de árboles en la zona, aunque la minera ya había comenzado con el proceso destructivo. "Llevamos muchos años tratando de detener este proyecto y aunque estamos contentos por este recurso sabemos que todavía no esta ganada la batalla y es por eso que queremos llamar a toda la población consciente de este país y que ama la naturaleza a que se manifieste frente al MINAET este lunes a las 11.30am en San José, dijo Edgardo Araya, presidente de UNOVIDA y abogado que interpuso el recurso de amparo contra el decreto presidencial. La actividad es convocada por Frente de Oposición a la Minería de la Zona Norte, la Federación Ecologista y otros grupos y personas. "Hemos canalizado el sentir de la gente preocupada por el ambiente" dijo Mauricio Álvarez, uno de los organizadores. "Tenemos que ir todos a expresar nuestra indignación y a demostrar que nosotros sí queremos paz con la naturaleza", agregó. "Vamos a demostrarle al gobierno con sorpresas que llevaremos a la puerta del ministerio que no queremos su destrucción, que la tala de bosque no puede ser de interés nacional", dijo Álvarez. Los ecologistas pretenden "detener definitivamente este proyecto destructivo y poner atención en la forma en que estamos administrando nuestros recursos naturales, que apenas los tenemos prestados de las futuras generaciones" consignó la Federación en un comunicado. Asimismo, Heidy Murillo no vaciló en exigir "la renuncia de aquellos funcionarios que en vez de proteger nuestros recursos atentan contra ellos. Exigimos que tanto el Ministro como el Viceministro de Ambiente renuncien, con un mínimo de dignidad, a sus cargos que no pueden cumplir". Este tema ha sido centro de debate de las últimas horas ya que una investigación de la Fiscalía pretende elucidar si hubo delito de prevaricato por parte del presidente Oscar Arias y el ministro Roberto Dobles que declararon"de utilidad pública y conveniencia nacional" la actividad minera en Crucitas. Mientras tanto las operaciones de tala de las 260 hectáreas están paralizadas, pero la actividad de la empresa minera continúa. Lugar: MINAET. Día: lunes 27 de octubre. Hora: 11.30am Más información: Heidy Murillo (88 72 49 54); Edgardo Araya (88589525) y Mauricio Álvarez (88 70 91 65)

Cuidado con el proyecto de ley Nº 16578 y su texto sustitutivo Hubert Cedeño Fonseca SECASPROCULYDEP APSE Trata sobre la subvención del Estado para las instituciones educativas, las cuales comúnmente denominamos “semi privadas”, en las cuales la APSE está inmersa por la existencia en ellas de nuestras Bases, razón por la cual nuestra Organización no está opuesta a que esto ocurra, a lo que se opone rotundamente es a la forma en como este Proyecto está redactado, por los “portillos” que deja abiertos para que otras instituciones educativas privadas, “químicamente puras”, en todos los niveles, lo mismo que por las consecuencias negativas que esto traería, tanto para el sistema educativo público, como al Magisterio Nacional, en términos generales. En muy pocas oportunidades, por no decir que en ninguna, la APSE y el MEP han establecido nexos para luchar en común contra algo, pero en esta ocasión, los elementos negativos del Proyecto en cuestión son tan evidentes, tanto para nuestra Dirigencia como para el Ministro de Educación, pero tan difíciles de comprender para las y los legisladores(as) que, por las circunstancias, se hace necesaria esa unión. Consideremos algunos elementos: El MEP paga los salarios, con base a una acción de personal, pero se da a esas instituciones la potestad de seleccionar, nombrar y o despedir al funcionario(a), todo ignorando la nómina de oferentes que existe en el MEP, lo mismo que el régimen disciplinario y normas que rigen al Ministerio de Educación. La orden patronal y por consiguiente todos los asuntos de riesgos laborales, incluyendo incapacidades, por supuesto, corren por cuenta del MEP, pero el patrono sería la institución, aquí, las y los servidores (as) serían de carácter privado. ¿Cómo entiende usted esto ? Si esa institución privada selecciona su personal, de nada vale el Servicio Civil, ni la categoría, puntaje, anuales, experiencia y otros que usted posea. Esas instituciones, en su carácter de privadas, se me ocurre pensar que podrían contratar como sus servidoras a personas pensionadas. Con las condiciones que se ponen para que una institución privada pueda obtener el beneficio de la subvención, se abre un gran portillo para que lo pueda reclamar cualquiera de las ya multimillonarias instituciones privadas de los diferentes niveles de la Educación. Se refiere, en forma nada concreta, a programas de becas para estudiantes de “necesidades especiales y otros grupos de interés”. Esto, ¿ a quiénes va a beneficiar? En el artículo 6 se dice que “el estímulo estatal se dará y mantendrá cuando se cumpla con los parámetros que establece esta Ley”, pero los parámetros no aparecen por ningún lado. Algunas de las posibles consecuencias, que considero, podrían darse son: Si la mayoría o todas las instituciones privadas existentes con más de cinco años de funcionar, más las que cumplan cinco años, posteriormente, se hacen acreedoras al beneficio, mucha de la población estudiantil del sector estatal se pasaría a esa modalidad. Nuestros colegios obviamente cerrarían secciones, perjudicando con esto a nuestra afiliación. Significa una forma indirecta de privatizar nuestra Educación, por un lado se niega el aporte del 8% del presupuesto nacional para esta actividad, pero se destina una gran cantidad de millones al sector privado. Todo lo anterior sumado al Proyecto de Municipalización, el cual no está muerto, sino guardado, significa el deterioro en grado superlativo de nuestra Educación Pública. ¿Qué debería darse? Todo lo contrario Brindar a la Educación Pública todos los recursos para que compita, en igualdad de condiciones, con la privada. Entre otras acciones, Destinar el 8%, o más, del presupuesto nacional para la Educación Pública. Dotar de la infraestructura necesaria a los centros educativos públicos. Proporcionar el mobiliario que necesiten, tanto el estudiantado, como el personal de cada institución educativa. Preparar y actualizar académica y profesionalmente al personal. Equipar convenientemente los diferentes departamentos con el material y equipo necesarios para que se dé una labor docente con eficiencia. Facilitar y mantener servicio de transporte para estudiantes. Reforzar y mejorar el servicio de comedor para estudiantes. Incrementar y mejorar el servicio de becas. Usted anote las que considere hacen falta. La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea legislativa, en su sesión del 24 de septiembre, lo aprobó, negándose a escuchar previamente los argumentos que en contra del fondo de ese Proyecto tenían, tanto el Ministro de Educación, como el Defensor Adjunto de los Habitantes. Después que lo aprobaron, les dieron oportunidad de hablar, ¿pero ya para qué?, si habían aprobado ese conjunto de “barrabasadas”. Primero dispararon para luego preguntar, ¿quién es? Por todo lo anterior es que el Magisterio en pleno debe estar pendiente de lo que suceda con este Proyecto de Ley, que cada uno asumamos la responsabilidad que nos corresponda y en su momento, apoyemos las acciones que emprenda la APSE.

APSE molesta por incumplimiento del Gobierno sobre caso de pensionados

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Morales, ratificó, el 17/10/08, que ya no emitirá ninguna directriz, sino que impulsará un proyecto de ley para eliminar el transitorio de la Ley 8536, para solucionar el problema de los educadores que, pese a haber cumplido con los requisitos, no estaban en la lista de los que pueden pensionarse con las Leyes 2248 y 7268.

Este anuncio molestó mucho a la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), porque, una vez más, el Gobierno da motivos para desconfiar de sus promesas. La presidenta Beatriz Ferreto dijo que si el Magisterio Nacional se hubiera lanzado a las calles, tal y como lo propuso la Asociación hace nueve meses, este problema no se hubiera dado.

La preocupación surge porque si bien la eliminación del transitorio permite que 500 educadores se pensionen con las mencionadas leyes, no hay garantía de que los diputados lo aprueben a corto plazo.

Más aún, mientras ese proyecto se vote afirmativamente, otros 200 compañeros (as), que ya se pensionaron, pero que por no estar en la lista se les realiza un auditoraje, podrían ser acusados de lesividad.

“¿Qué pasará con esas 200 personas? Sus plazas ya no existen; hasta los pueden obligar a devolver los dineros, ya que la ley no los cubre”, dijo la dirigente Ferreto en la reunión del Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional con el ministro Morales, el ministro de Coordinación Institucional, Marco Vargas, y la viceministra de Hacienda, Jenny Phillips, en Casa Presidencial.

La representante de la APSE ante Jupema, Gilda González, advirtió que “vamos a convocar a los educadores afectados para explicarles que el Gobierno incumplió su promesa de emitir la directriz, y definiremos las medidas a seguir. Estamos en las mismas manos de los que nos hicieron daño en 1995”.

Los dirigentes magisteriales exigieron, este viernes, al ministro Morales que cumpliera su promesa de destituir a la coordinadora de la Dirección Nacional de Pensiones, responsable de la presa en la tramitación de expedientes. Fue así como anunció que el nuevo director, a partir del 1.º de noviembre, será el economista y administrador, Róger Porras.

Norma I. Umaña C.
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