DOÑA OFELIA: USTED NO DEBE SER LA NUEVA DEFENSORA

Albino Vargas Barrantes *

Con gran respeto para su digna autoridad legislativa, distinguida señora diputada, doña Ofelia Taitelbaum Yoselewich, integrante usted de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), nos dirigimos a su persona por esta vía, para indicarle y tome nota de que su nombre no es bien recibido en la amplia franja de los sectores de los movimientos populares y sociales del país, en cuanto a sus pretensiones de ser la nueva Defensora de los Habitantes de la República.

Ni por un momento, ni en la más mínima circunstancia, ponemos en duda su honorabilidad, ni su bagaje profesional, ni mucho menos su ética. Sin embargo, consultando y analizando luego, no vemos por ningún lado que reúna usted las condiciones necesarias que en los actuales momentos de nuestra querida Patria, se necesitan para asumir ese cargo de tanta relevancia; especialmente para los sectores ciudadanos de mayores vulnerabilidades y limitaciones, en cuanto a sus demandas y expectativas por una gestión activa, militante y comprometida en la defensa de los Derechos Humanos, en toda su gama y amplitud: políticos, económicos y sociales.

Tenemos entendido que usted, doña Ofelia, mostró oposición a varios proyectos de ley en los cuales, de una manera u otra, estaban involucrados principios y concepciones relacionadas con los Derechos Humanos. Dos en el plano laboral: la ley que estableció para los saloneros y las saloneras, que la propina es parte consuntancial al salario; y el otro, la ley que regula el horario de las trabajadoras domésticas, proyecto que, según tenemos entendido, podría ser vetado por la Casa Presidencial. El otro proyecto al que usted se opuso, buscó establecer como sanción el castigo físico infantil, ¡nada más y nada menos! Fíjese usted, distinguida señora diputada, qué preocupante es si usted está en la Defensoría con semejantes antecedentes en materia de Derechos Humanos.

Otra circunstancia de enorme cuidado para que se objete su aspiración, es que la misma habría surgido como una especie de pacto, un “premio de consolidación” que don Oscar Arias le ofreció a usted, a cambio de su renuncia a las aspiraciones de llegar a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, en la última elección parlamentaria del pasado mes de mayo; para así dejarle el camino libre a don Francisco Antonio Pacheco quien, en aras de su “pase” a la historia nacional, anhelaba llegar por cuarto año consecutivo a presidir el parlamento en un solo período constitucional.

Comprenderá usted, doña Ofelia, que tan sensible cargo para la gente desprotegida del país, no puede ser un “toma y daca”; además de que, filosófica y políticamente hablando usted (con todo su derecho, eso sí), comulga con una visión de país, la neoliberal, con la cual no empatamos más de la mitad de la población costarricense.

Por otra parte, hemos revisado, muy generalmente, su palmarés de gestión parlamentaria y, para serle muy sincero, en los proyectos de ley que, de una forma u otra han contado con su firma y/o su apoyo, no encontramos pretensiones legislativas de alta trascendencia en materia de Derechos Humanos y en materia de defensa de la institucionalidad pública al servicio de las mayorías, sobre todo, en materia de impacto social.

A la honorable Asamblea Legislativa actual que le ha de corresponder tan importante legislación, le expresamos, con todo respeto, que la persona que ha de ser la nueva Defensora de los Habitantes de la República, hombre ó mujer, debe mostrar una trayectoria de alta sensibilidad en materia de vulnerabilidad social asociada a los Derechos Humanos. Además, debe mostrar con acciones concretas el uso anterior de ese don a su aspiración a tal cargo, con sinceros deseos de servir a sus semejantes y no como “premio de consolación”. Sin nada personal y con todo respeto.

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ANEP-Secretaría General

Otra vez el solidarismo contra los sindicatos

Miguel Picado, Pbro.

Hemos leído con preocupación el artículo firmado por el Pbro. Francisco Hernández, Presidente del Movimiento Solidarista y Director de la Escuela Social Juan XXIII, que titula “Un proyecto contraproducente”, publicado en el diario La Nación el 11 de julio. Nos preocupa en primer término que esas declaraciones provengan del director de un organismo eclesial y por eso escribimos estas líneas.

En la persona de su Director, la Escuela Social Juan XXIII hace completamente suya la perspectiva de UCCAEP, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada y, con ese proceder, comete sus mismos errores. Propone eliminar el inciso e del art. 340 del expediente 13475, que busca reformar el Código de Trabajo, aduciendo que, de aprobarse, quedarían borradas las diferencias entre las actividades sindicales y las de las asociaciones solidaristas. Lo cierto es que estas asociaciones sí realizan actividades lucrativas que les permiten repartir utilidades entre sus afiliados. Asimismo, administran la cesantía de los trabajadores (un tipo de ahorro) junto con un aporte patronal. En cambio, el proyecto de ley no autoriza a los sindicatos la realización de ese tipo de actividades.

Valga recordar que el tipo de ahorro permitido a los sindicatos por el Código de Trabajo es de carácter mutualista, que no genera ni permite la distribución de dividendos. El proyecto en discusión no cambia este aspecto. Es un ahorro voluntario y por los préstamos sólo se cobran los gastos administrativos. Los sindicatos necesitarían una ley especial para manejar la cesantía, los solidaristas ya la tienen y nadie se las está quitando. No hay ninguna “odiosa discriminación” como pretende el P. Francisco Hernández, sumándose gustoso a la campaña desinformativa contra las reformas para fortalecer las garantías sindicales. En ese mismo sentido, cabe aclarar que los sindicatos no son bancos ni poseen bancos; no están autorizados para captar ahorro del público.

Deseamos referirnos al fuero sindical. En el actual Código de Trabajo figura como una protección para los dirigentes, fundadores e integrantes de la junta directiva de un sindicato. Sin embargo, en la práctica, se dan con toda “regularidad” los despidos de los dirigentes. Desde luego, éstos pueden acudir a los tribunales, donde el pleito tarda varios años en resolverse. Mientras tanto, el sindicato se ha disuelto. Para evitar tamaña triquiñuela, el proyecto de ley en discusión busca aprobar un procedimiento que exija demostrar que el despido se hizo por razones administrativas o económicas, que no se despide como consecuencia de la actividad sindical. Se busca hacer efectivo un derecho ya contemplado en la ley.

En el artículo 363 de la reforma se detalla una lista de conductas que constituyen prácticas laborales desleales por parte del empleador, entre ellas, la discriminación a una persona por su condición de afiliado a un sindicato. Actualmente, según el Código, a los líderes sindicales no se les puede despedir (aunque acabamos de mencionar un procedimiento tramposo). Sin embargo, no hay protección para los afiliados. Con la reforma, se prohibiría despedir a un afiliado por el hecho de ser afiliado. ¿Cómo se sentiría el Presidente del Movimiento Solidarista si los patronos pudieran despedir a un trabajador o trabajadora por el “delito” de integrar el solidarismo? ¿Se ha puesto a pensar por qué será que las Cámaras patronales dan tantas facilidades al solidarismo mientras persiguen a los sindicatos? ¿Por qué hay tan pocos sindicatos en la empresa privada? ¿No es que la Doctrina Social de la Iglesia protege desde siempre a los sindicatos? No me diga, P. Hernández, que usted no sabe nada de “listas negras” y de otras
prácticas laborales desleales de ciertos patronos, mencionadas en el art. 363 del proyecto de reforma.

Los sindicatos son “asociaciones de trabajadores formadas para defender sus propios derechos”, recuerda Benedicto XVI en su Encíclica Caritas in Veritate, que tiene todavía húmeda la tinta. ¿No le parece poco decoroso que un presbítero católico se sume a la campaña contra los derechos de los sindicatos?

Un último punto. Las modificaciones al Código de Trabajo referidas formaron parte del proceso de Concertación Nacional promovido por la Administración de don Miguel A. Rodríguez. UCCAEP también firmó, al lado de los sindicatos y otros sectores. Si ahora resultan papel mojado, en Costa Rica se estaría perdiendo o al menos deteriorando un valioso instrumento de diálogo social, en el cual la Conferencia Episcopal ha puesto mucha esperanza. No se sume usted, por favor, al descrédito de ese instrumento. Tampoco coloque a un organismo de nuestra Iglesia entre los que desobedecen los compromisos adquiridos ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Para mí es doloroso discrepar con un miembro del clero, pero esta vez ha sido inevitable, por el bien de los trabajadores. Y no se olvide que no fui yo el primero en acudir a los medios de divulgación.

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ANEP-Secretaría General

El COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO HONDUREÑO

(Integrado por las organizaciones sociales y políticas costarricenses)

Convoca a los medios de comunicación a:

CONFERENCIA DE PRENSA

Miércoles 15 de julio 2009

Lugar: Edificio central de la ANDE. Av. 5°, calle 0 y 2.

Hora: 10:00 a.m.

Asunto: Las organizaciones sociales que integran este comité

emitirán una declaración sobre la preocupante situación que atraviesa el hermano país de Honduras.

Se hará una excitativa para que se acaten las

resoluciones de la OEA y se restablezca el orden

constitucional en esa nación.

Sintonice HOY el programa La Voz del Pueblo

El Presidente de ANDE, Alexander Rodríguez al lado del Director del Programa, Walter Rodríguez. Invitamos a todos los asociados, padres de familia, estudiantes y público en general, a escuchar el programa de radio La Voz del Pueblo, mañana miércoles 1° de julio a las 10 a.m., por 800 A.M. El Presidente de la ANDE, la Secretaria General y la Asesora Legal abordarán ampliamente los alcances del proyecto de Ley N°16.578 “Estímulo estatal para el pago de salarios del personal docente y administrativo de las instituciones de enseñanza privadas”.

Los instamos a sintonizar el programa, informarse y hacer sus preguntas al teléfono 905-800-8000, o puede escribir a los correos: walroca@gmail.com o lavozdelpueblo@gmail.com El espacio es conducido por el Director Walter Rodríguez.