GOLPE DE ESTADO A SINTRAJAP:

EL PODER DE LA CORRUPCIÓN

Albino Vargas Barrantes

“137 millones de dólares se repartirían entre los 1.400 trabajadores de Japdeva a modo de compensación”. Esta fue la frase de primera plana del periódico de negocios La República, en su edición de ayer martes 23 de febrero, al dar cuenta (como lo hicieron todos los demás medios), de la consumación del Golpe de Estado que se le dio a la dirección sindical legítimamente electa del sindicato de Japdeva, SINTRAJAP, porque se ha estado oponiendo a la mordida, al soborno que los hermanos Arias Sánchez están ofreciendo a todo el personal de tal institución, a cambio de que se acepte, se “entregue” (como si fuera propiedad particular de ese personal), los muelles de Limón y de Moín.

137 millones de dólares equivalen a unos 80 mil millones de colones que “repartidos” como dice el citado periódico de negocios, haría que a cada una de las 1.400 personas trabajadoras actuales de Japdeva, les tocará, por cabeza, cerca de 60 millones de colones.

A esta enorme cantidad por concepto de soborno, de mordida, hay que agregarle el pago de las prestaciones de ley en cada caso, una vez que Japdeva se privatice (como sucedió con INCOP, con los muelles de Caldera y de Puntarenas); amén de que, como parte de la indicada mordida y del repudiable soborno, también se ha ofrecido “pensión juvenil”  a los 50 años de edad.

Los hermanos Arias Sánchez, vía Ministerio de Trabajo, le dieron un Golpe de Estado, así con mayúscula y sin comillas, a la dirección legítima del sindicato de Japdeva, SINTRAJAP, porque durante muchos meses se opusieron al pago de semejante corruptela.

Es tal la desesperación de los hermanos Arias Sánchez por materializar el negociazo de la privatización de los muelles de Limón y de Moín que por medio de ese Golpe de Estado sindical acortaron, ilegalmente, el período de la actual y legítima directiva de SINTRAJAP que había sido electa, en asamblea general totalmente democrática, para que estuviera al mando de este sindicato hasta enero del año entrante, 2011.

Para que el dueto presidencial haya incurrido en un atropello jurídico contra la institucionalidad y la autonomía sindicales, jamás visto en los últimos 25 años, la única explicación que encontramos es la cuantía de las comisiones, de las mordidas que, por debajo de la mesa, debe haber en todo esto.

Si a nivel público, descaradamente, sin pudor alguno, un periódico habla de que 1.400 personas se “repartirán” entre sí, por la “venta” de un patrimonio público que no les pertenece, 80 mil millones de colones; entonces, ¿cuánto se repartirán los que han urdido la pérfida estratagema que ha fructificado en este Golpe de Estado a una dirección sindical que legítima y democráticamente tenía que terminar su mandato hasta enero del 2011?

Don Oscar Arias y don Rodrigo Arias, particularmente, han quedado en total entredicho desde todo de punto de vista ético y moral, no ya en cuanto a lo legal que les merece el más absoluto desprecio.

Porque señores hermanos presidentes, aquí cabe preguntarles públicamente: ¿cuál es la naturaleza inconfesable de las negociaciones privatizadoras de los muelles de Limón y de Moín que ustedes han venido desarrollando, a espaldas de la ciudadanía, como para ofrecer, abiertamente, tanta cantidad de dinero, de manera cínica, descarada y en contra de todo precepto legal?...

¿Serán ustedes, sus empresas, sus amigos  y socios de negocios, beneficiarios directos y/o indirectos del negocio portuario del Atlántico ahora que lo pasarán a manos privadas?... ¿Se estarían ustedes aprestando o sus pares de negocios, a recibir comisiones por acelerar tal proceso privatizador, cometiendo un atropello jurídico de tantísima gravedad?... Y si fuera así, de que habría plata de por medio y por debajo de la mesa, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando por concepto de comisiones, si públicamente, tan solo la mordida, el soborno para el personal de Japdeva será de 80 mil millones de colones?

Escribámoslo con ceros para que la gente que nos lee se percate, si es que se puede, de la magnitud de la cantidad de que estamos hablando: 80.000.000.000.00.

Queremos que usted, que nos lee, conozca este nombre: José Joaquín Orozco Sánchez. Es un empleado público de carrera. Es el actual Jefe del Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). A él le pusieron a jugar el triste papel de “sicario administrativo”, pues firmó la ilegalísima resolución que le dio luz verde al Golpe de Estado contra la legítima directiva sindical de SINTRAJAP.

Sentimos mucha pena por el citado servidor, hasta hoy, con una limpísima trayectoria de servicio público, apegada siempre al Estado de Derecho en materia de inscripción de organizaciones sociales. Sabemos que se le obligó a emitir tal resolución. Pero todavía, don José Joaquín,  puede usted salvar su honor y su trayectoria cristalina, aceptando las apelaciones que ya se le están presentando. ¿O echará usted por la borda su prestigiosa carrera de servicio público, como ocurrió con el homólogo en su cargo, allá por 1984, cuando la ANEP fue intervenida, ilegalmente (y así más que demostrado después), por el gobierno de entonces, “curiosamente” también del Partido Liberación Nacional?

¿Cuál sindicato sigue?... ¿Cuál cooperativa, cuál asociación de desarrollo, cuál partido político sigue?... El precedente sentado es nefasto para la democracia. El mensaje que se envió es éste: Si una directiva sindical o social es catalogada como “rebelde”, porque se opone a la realización de un chorizo, de una corruptela, de un soborno, para convertir en negocio privado un bien público, pues entonces, quitémosla del camino: démosle un Golpe de Estado para acortarle su legítimo período directivo; y, en su lugar, ubiquemos a una directiva sindical de testaferros para que, a cambio de la venta de sus conciencias, faciliten el negociazo.

¿Se hará así con los hospitales de la Caja?; ¿se hará así con lo que queda del ICE?; ¿se hará así con los acueductos de A y A?... Más claro ejemplo del “concepto arista” de “dictadura en democracia” no se pudo haber dado. Además, el daño en el plano internacional que los hermanos Arias Sánchez ya le han hecho al gobierno por venir, el de doña Laura, es de consecuencias insospechadas, lamentablemente…

ANEP en alerta por ley de empleo público

Fuente: http://informa-tico.com/index.php?scc=articulo&edicion=20100216&ref=15-02-100004

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) lanzó una alerta ante el anuncio del Ministerio de Planifacion (MIDEPLAN) de presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Empleo Público.

 

ANEP "considera de enorme relevancia que los distintos gremios sindicales y profesionales representativos de los intereses de las personas asalariadas del sector Público, forjen una gran unidad para enfrentar el desafío que representa el denominado proyecto de Ley de Empleo Público", señaló un comunicado de dicha organización sindical.

ANEP advirtió que "al momento, tiene total desconocimiento del contenido de una iniciativa de semejante calibre y ya ha formulado petición oficial de que se le entregue una copia".

"No obstante, este asunto del Empleo Público es, en sí mismo, profundamente polémico y no es la primera vez que se intenta promover una legislación de tanta trascendencia", señaló.

Preocupan antecedentes

ANEP dijo que la iniciativa anunciada la semana pasada por el Ministro de Planificación, Roberto Gallardo, tiene muy malos antecedentes.

"Lamentablemente, todos los intentos anteriores han estado inspirados y, por ende, contaminados, con fuertes contenidos ideológicos de signo neoliberal, inspirados en los postulados dogmáticos del denominado "Consenso de Washington" que, en este tema, preconiza la reducción drástica de la intervención del Estado en la economía y, por ende, el despido masivo, ó, cuando menos, flexibilizar el empleo público, promoviendo regulaciones laborales "hacia abajo"", señaló ANEP.

"La ANEP destaca la circunstancia de que MIDEPLAN haya anunciado la presentación del indicado proyecto de ley una vez conocido el resultado electoral del 7 de febrero. Esto es más que revelador de que, con toda seguridad, estamos hablando de contenidos altamente sensibles desde el punto de vista de la estabilidad en el empleo, del respeto y preservación de derechos adquiridos, de la evaluación del desempeño, de cuestiones salariales, y, de aspectos concernientes a derechos colectivos ya establecidos con base en regulaciones laborales legales, constitucionales y de orden internacional", señaló la declaración.

La ANEP señaló que "cree que la "promesa" de MIDEPLAN, para el desarrollo de una "consulta" a las organizaciones laborales, es totalmente insuficiente e insulsa; y, podría ser de mero trámite, a fin de vender la especie de que las distintas representaciones gremiales, profesionales y sindicales involucradas fueron "tomadas en cuenta"".

"Este tipo de procedimientos, por el mecanismo de la "consulta", es altamente engañoso y se presta para manipulaciones inconvenientes y/o para inventar procesos de legitimación que jamás existieron. Ojalá que, en esta ocasión, la situación sea radicalmente distinta", advirtió

Aparte del llamado unitario para enfrentar el desafío que representa el proyecto en mención, la ANEP analizará el tema con sus bases dirigentes, durante la sesión del Consejo Consultivo Nacional de la organización, prevista para el viernes 5 de marzo, puntualizó la organización sindical.

¡¡ATENCION!! Privatización camuflada de A y A

GRANDES EMPRESAS Y CORPORACIONES TRANSNACIONALES TENDRIAN SU PROPIO POZO DE AGUA

¡¡ATENCION!! Privatización camuflada de AyA

Nuevo INTEL sería la primera beneficiada: 500 millones de colones, anuales, dejaría de pagarle a A y A. Merma de ingresos sería cargada a las tarifas de la gente. ANEP pide información urgente.

Por Unidad de Información y Comunicación, ANEP

San José, 1 de febrero de 2009. S.G. 09-11-0370-10 ¡URGENTE! Licenciado Ricardo Sancho Chavarría Presidente Ejecutivo Honorables señoras y señores Junta Directiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) Sus despachos Asunto: Privatización camuflada del servicio agua potable vía pozos propios para empresas privadas Estimados señores y estimadas señoras: Con el respeto de siempre, les hacemos llegar de nuestra parte atento saludo. Con carácter de urgencia nos dirigimos a vuestras autoridades con la finalidad de que, con toda transparencia, con absoluta contundencia, con la más pronta celeridad y de cara a la opinión pública nacional; se nos informe de lo que consideramos una gravísima situación que, según informes ya en poder de la ANEP, representaría un seriesísimo atentado en contra de la institucionalidad de bien público que para la sociedad costarricense representa A y A; y, a la vez, lo que constituiría un atentado no menos grave para la salud de la población que depende del vital líquido que nos suministra esta entidad emblemática del sistema republicano de nuestro país. Se nos ha indicado de que el pasado martes 19 de enero, en sesión de la Junta Directiva de A y A y a instancias de la Presidencia Ejecutiva de la institución, además de presuntamente atendiendo instrucciones políticas al más alto nivel (del Ministerio de la Presidencia, en concreto); se presentó iniciativa para una modificación del espacio físico-territorial correspondiente a la zona protectora de Puente de Mulas que abastece de agua, en gran medida, a la población habitante del área metropolitana. Tal modificación tiene, según nuestra perspectiva, la perversa finalidad de que poderosas empresas privadas puedan construir sus propios pozos de abastecimiento de agua, con lo cual eliminarían el pago de tal servicio que hasta la fecha les provee A y A, estableciéndose así las primeras medidas de carácter estratégico hacia una privatización, en este caso camuflada, de A y A. Entendemos que la primera empresa potencialmente beneficiaria de tal nefasta decisión, sería la transnacional INTEL, misma que dejaría de pagarle a la institución, la cantidad de 500 millones de colones al año, que es, más o menos, lo que la institución viene recibiendo de parte de tal firma por el servicio de agua que se le suministra desde A y A. Según reportes en nuestro poder, INTEL tiene fuertes directrices corporativas de reducción sustancial de costos operativos en la región; y, específicamente, dejar de pagarle a A y A tal cantidad de dinero, iría en la dirección empresarial apuntada, pues el agua a emplear le saldría gratis luego de la decisión política-institucional adoptada en la fecha del 19 de enero anterior. Dos gravísimas consecuencias tiene tal decisión lo que debemos compartir con la opinión pública, en cuanto a si ya se concretó ó está por hacerse realidad la misma. Por un lado, constituye un gigante paso hacia la privatización de A y A, algo que jamás, bajo ninguna circunstancia, la sociedad debe permitir y para lo cual hay que desarrollar todas las formas de oposición posibles. Por otro, representaría un acto criminal contra las economías familiares de la mayoría de la población costarricense pues los dineros dejados de percibirse, al permitir a las gigantescas empresas tener sus propios pozos de agua, se generará una sustancia reducción de ingresos que deberá ser sustituidos por una elevación sustancial de tarifas (más de los altos niveles que éstas están mostrando ya); lo cual, desafortunadamente, implicará que será la clase trabajadora asalariada y no asalariada, la principal sacrificada con este tipo de decisiones adoptadas y/por adoptarse, al parecer, sin pudor alguno y sin un debate nacional previo. Por tanto y de la manera más respetuosa, les solicitamos lo siguiente: 1) Ser atendidos con suma urgencia para no solamente enfatizar en la gravedad de esta situación y abrir la institución a la más completa auscultación ciudadana sobre lo que se está discutiendo intramuros al respecto. 2) Anular, inmediatamente, cualquier acuerdo que en tal sentido abra la posibilidad de la privatización camuflada de A y A por esta perniciosa vía 3) Se nos proporcione el listado de grandes y medianos consorcios empresariales privados, tanto nacionales como extranjeros que, potencialmente, o que ya, tienen depositadas y/o definidas expectativas de proveerse de agua, potable y/o no potable, para sus actividades productivas, esperanzados en un suministro “propio”. 4) Todos los estudios que han mediado para que se haya tomado el acuerdo del 19 de enero en la indicada sesión de la Junta Directiva. 5) Abordar cualquier otra perspectiva informativa y/o de análisis que arroje del urgente intercambio de pareceres que con urgencia estamos solicitando por esta vía. Invocamos para la respuesta a la presente el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Quedando en espera, reiterámosles nuestro respeto y consideración, Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto ANEP c.: Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República. c.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia. c.: Lic. Roberto Thompson Chacón, Viceministro de la Presidencia. c.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República. c.: Honorable Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR). c.: Honorable Iglesia Luterana Costarricense (ILCO). c.: Empresa transnacional INTEL. c.: Seccionales y delegados sindicales, ANEP-A y A. c.: Población trabajadora del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A). c.: Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP). c.: Grupo socioproductivo “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”. c.: Movimiento Sindical Costarricense. c.: Movimiento ecologista y ambientalista costarricense. c.: Organizaciones político-partidistas y sociocívicas nacionales. c.: Medios de comunicación colectiva. c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP. c.: Consejo Consultivo Nacional de la ANEP. c.: Archivo.