Representantes de la Central Social Juan Mora Porras y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se reunirán con diputados de la fracción de Liberación Nacional (PLN), para exponer sus puntos de vista sobre el proyecto de ley 13.475, que es de Libertades Sindicales.
Las organizaciones sindicales exigen a las autoridades del Poder Legislativo que aprueben dicha iniciativa de ley, en el corto plazo.
Albino Vargas, secretario general de la ANEP indicó que “más sindicatos significa más democracia y no es posible seguir con doble moral al respecto, dado que el empresariado sí puede agruparse en sindicatos, llamados cámaras; pero no se vale que la clase trabajadora que les labora, no lo pueda hacer. A ambas partes, patrones y trabajadores, las protege el mismo derecho constitucional de asociarse en sindicatos, sea el artículo 60 de la Constitución Política de Costa Rica”.
Por su parte, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) es del criterio de que el fuero de protección sindical debe estar delimitado a los representantes o dirigentes de las organizaciones de trabajadores.
Al mismo tiempo, la Uccaep recomienda a los diputados que deben evaluar con detenimiento el contenido y la redacción del proyecto de ley 13.475, con el fin de que no se incurra en posibles abusos y para que la propuesta de ley en estudio únicamente contemple el fuero sindical para los líderes sindicales, como es la práctica común en el mundo.
“La oposición del sector empresarial obedece que la redacción del proyecto atenta contra la competitividad y la libre empresa, ya que la iniciativa contempla privilegios excesivos más allá de lo que los convenios internacionales en materia laboral contemplan”, reafirmó Molina. Tanto la ANEP como la Central Social Juan Mora Porras rechazan los argumentos de la representación empresarial, los cuales, a criterio de las organizaciones laborales, tratan de confundir a la opinión pública en cuanto a que el citado proyecto establece el fuero sindical para todas las personas trabajadoras afiliadas a una organización de este tipo.
“Esto es absolutamente falso pues la protección contra el despido abusivo, arbitrario y antisindical, solamente es para los integrantes de las directivas sindicales. Las organizaciones sindicales hemos demostrado, con una serie de documentos de alta calidad técnica, riguroso profesionalismo legal y argumentos de enorme peso jurisprudencial, que el liderato empresarial no tiene cómo sostener su débil posición contraria a dicha legislación”, apuntó Vargas.
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