¡Una Aberración Laboral!
MS. Omar Salazar Alvarado, Director Ejecutivo ASEPROLA La manera más fácil de eliminar una violación a la ley es, según algunos, quitar la ley... Esta parece ser la lógica de la Costa Rica actual, y en materia de derechos, nunca antes fue tan fácilmente comprobable.
Si desean que no se viole el derecho al pago de horas extraordinarias, eliminan el derecho a las horas extra. Si desean reprimir la violación del derecho a un trabajo estable, eliminan los contratos de tiempo indefinido y alientan la subcontratación. Si desean que no existan más denuncias por el uso indiscriminado de los recursos naturales, eliminan las leyes ambientales. Si desean que se elimine la corrupción, suprimen las leyes civiles y administrativas que la castigan. Esa es la nueva forma de ver la realidad, especialmente para el empresario, ahora convertido en político, que busca la manera de hacer al lado toda restricción que le impida hacer lo que "le venga en gana". Resulta aberrante afirmar que suprimiendo la obligación de los patronos de pagar el 50% de las licencias de maternidad, se resolverá el problema de la discriminación en el empleo. De nuevo, legalizamos la violación de un derecho contemplado en la Constitución Política de Costa Rica y una base del modelo solidario de seguridad social. El trabajo y los derechos están hechos para su cumplimiento, sin distingo de género, de edad, de creencia religiosa, de etnia o de capacidades especiales de las personas. Si se desea luchar contra la discriminación hay un camino, y no es la vía fácil que propone el Expediente 16.733; es precisamente hacer que se cumpla la ley y que se castigue fuertemente su violación. El proyecto no eliminaría las causas de la discriminación sino que crearía las condiciones para que los empresarios no deban asumir sus responsabilidades. Se reconoce que los empresarios están discriminando, pero el lugar de aplicar el castigo correspondiente por las ilegalidades en las que están incurriendo, se les premia. Es altamente preocupante que esta lógica perversa refuerza la idea de que los derechos de las y los trabajadores son una carga para las empresas. El estado de embarazo es una decisión exclusiva de la mujer y un derecho fundamental como ser humano, y esto no debe implicar que su decisión sea vista como un "problema patronal". Tampoco que durante tal período, el patrono se desligue de su responsabilidad inherente al contrato. Evidentemente el proyecto de ley en cuestión, y que fue convocado por el Poder Ejecutivo para el periodo de sesiones extraordinarias que recién inicia, no busca eliminar la discriminación hacia la mujer, sino, reducir "costos" que a criterio de los patronos les impide mantener las tasas de ganancia que desean y que les son exigidas por sus inversionistas. El proyecto de ley, que con cinismo titulan "ley para disminuir la discriminación contra el trabajo femenino", es una de las más claras afrentas a los derechos laborales que han conocido las y los diputados, y ellos lo saben. De aprobarse, podemos dar por concluido el capítulo de la solidaridad social, podemos olvidar el espíritu tripartito que durante más de medio siglo sostuvo a flote las garantías sociales, podemos sentenciar a la Caja del Seguro Social a una muerte segura a causa de su desfinanciamiento. La solidaridad de los tres sectores: patronal, Estado y trabajadores/as, es un pilar de la seguridad social, y de nuevo, no podemos permitir que uno de ellos quiera desligarse de esta responsabilidad. ¿Qué pretenden? Según su lógica, si no liberamos a las empresas de su responsabilidad social, estamos obligados a aceptar violaciones constantes a los derechos de las personas, estamos obligados a aceptar que se despida indiscriminadamente a las mujeres embarazadas. Que los proponentes hablen claro, y dejen de engañar a las y los costarricenses con nombres de leyes que esconden oscuras intenciones.